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¿Cuáles son estos retos?

En primer lugar, se encuentra la gestión de nuestra materia prima que es el suelo. El grado de complejidad para desarrollar un suelo en gestión a finalista hace que de media se tarde entre 15 y 20 años en tenerlo preparado para edificar. La complejidad urbanística, la gestión de todos los informes sectoriales y la falta de digitalización en los procesos hacen que esta gestión sea un infierno porque, además, al final del proceso, no se genera la seguridad jurídica que venimos reclamando desde el sector mediante una ley que garantice la misma.

La unificación de conceptos y criterios entre las distintas comunidades autónomas sería de gran ayuda para la comprensión del sistema (hoy tenemos una ley del suelo por cada comunidad autónoma).

La gestión y tramitación de las licencias de edificación, que de una manera reglada facilitase las mismas en un periodo razonable de tiempo, también ayudaría a reducir el precio. Para ello es imprescindible la digitalización y es crucial que las administraciones municipales modernicen dicha gestión.

En cuanto a la fiscalidad, la vivienda soporta una carga fiscal de más del 25% entre todos los impuestos que intervienen en el proceso, aun siendo ésta un pilar básico del desarrollo de la sociedad.

Desde el punto de vista del sector, la reducción de plazos en la edificación mediante la industrialización es absolutamente imprescindible. Dicho esto, estamos en un momento clave ya que la falta de mano de obra y la carestía de los materiales nos empujan irremediablemente a ella. Actuando solo parcialmente no conseguiremos alcanzar el objetivo de tener viviendas asequibles.

Como conclusión, el Gobierno debería poner el foco en el largo plazo y reflexionar sobre como el binomio pensiones-acceso a la vivienda afectará a nuestros jóvenes actuales cuando los baby boomers empecemos a jubilarnos, y si con su pensión podrán hacer frente a los alquileres que ya hoy son inabordables para ellos. Así que con una pensión insuficiente estarán condenados a pagar un alquiler de por vida y, por tanto, no parece que sea la solución al problema de acceso a la vivienda para ellos.

Necesitamos una política de vivienda, tanto en alquiler como en compra, adecuada y de largo plazo para garantizar el acceso a la vivienda y que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de crear hogares que les ayuden a emanciparse y tener hijos que serán, en definitiva, quienes garanticen la viabilidad y la sostenibilidad del sistema.

*Fuente:Eleconomista.es